“Necesitamos una política pública sólida para afrontar los desafíos en movilidad eléctrica”

Bogotá 24 de octubre de 2023. José Fernando Prada, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), participó en el cuarto Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, donde se abordó el tema central "¿Hacia dónde van las estaciones de servicio en Colombia? El futuro Multienergético". Durante su intervención, el director Prada resaltó la importancia de establecer una hoja de ruta sólida para la transición energética y la movilidad eléctrica.

En su exposición, el director Prada señaló que para afrontar los desafíos que presenta la transición hacia una matriz energética más sostenible, que incluya avances en movilidad eléctrica, es necesario conocer las trayectorias e hitos que se quieren cumplir en materia de descarbonización y de electrificación del transporte. Indicó cómo, aunque el país no está completamente preparado para una transformación energética acelerada, sí se cuentan con instrumentos necesarios que de manera articulada que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas.

Prada enfatizó que el camino hacia la electrificación y el desarrollo de combustibles renovables debe ser guiado por una estrategia de transformación sectorial. "Si sabemos a dónde queremos llegar, podremos establecer el camino que nos llevará allí", afirmó. Explicó que la planeación es esencial, como lo demuestra el caso de la preparación de las redes eléctricas y la regulación para un despliegue extensivo de carga de vehículos eléctricos en las estaciones de servicio.

Subrayó que no se debe caer en el riesgo de la sobreregulación de nuevas actividades, pues no es necesario una reglamentación extensa para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o de tecnología.  “La regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo” dijo Prada.

En cuanto a los instrumentos existentes, el director Prada mencionó la necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes, incluyendo aspectos ambientales y sociales que puedan afectar la expansión de la infraestructura energética.